Este artículo es proporcionado por Ojo en Ohioel Centro de Periodismo de Ohio, sin fines de lucro y no partidista, en asociación con la organización sin fines de lucro Red de noticias de energía. Únase a las listas de correo gratuitas para Ojo en Ohio o el Red de noticias de energía, ya que esto ayuda a proporcionar más informes de servicio público.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, sabía que los críticos cuestionaban si las antiguas plantas nucleares de FirstEnergy realmente necesitaban el rescate de 1.100 millones de dólares del proyecto de ley 6 de la Cámara. Pero Sam Randazzo, presidente de la comisión reguladora del estado en ese momento, aseguró a DeWine que las plantas no podrían cubrir sus costos de otra manera. DeWine promulgó el proyecto de ley de rescate nuclear y del carbón en julio de 2019.
Solo un año después, los agentes federales arrestaron al expresidente de la Cámara de Representantes de Ohio, Larry Householder, y a otras personas por presuntos delitos relacionados con el proyecto de ley. Y aunque sus disposiciones de rescate nuclear fueron derogadas en 2021, la HB 6 sigue estando en el centro del escándalo de corrupción de $60 millones que continúa en Ohio.
Primera Energía aceptado el verano pasado que pagó 4,3 millones de dólares a una empresa vinculada a Randazzo poco antes de su nombramiento en la Comisión de Servicios Públicos de Ohio a principios de 2019. La empresa estipuló en un expediente judicial federal que, a cambio del pago, esperaba un trato favorable de Randazzo en su cargo oficial. Randazzo ha negado haber actuado mal, pero renunció a la PUCO en noviembre de 2020, días después de que el FBI allanara su casa.
“Sam, ¿qué sabemos acerca de si las plantas nucleares necesitan este impulso?” DeWine le preguntó a Randazzo en junio de 2019 mensaje. El correo electrónico provino de la dirección de correo electrónico personal de DeWine, no de su correo electrónico oficial del gobierno.
“El análisis objetivo que he revisado encuentra que las dos plantas nucleares de Ohio no están generando ingresos suficientes para cubrir sus costos”, Randazzo respondido el 19 de junio de 2019. No dijo cuál era ese análisis. Tampoco parece que le haya proporcionado una copia a DeWine o a su ex jefa de personal, Laurel Dawson, a quien se copió en ese correo electrónico. El marido de Dawson había sido un cabildero de FirstEnergy.
Energy News Network y Eye on Ohio recibieron esos correos electrónicos y más de 2000 otros documentos a fines de julio en respuesta a las solicitudes de registros públicos realizadas el otoño pasado. Los documentos muestran cómo actuaron Randazzo, DeWine y otros antes y después de la HB 6.
Sin embargo, la PUCO aún no ha producido todos los registros públicos que se exigieron en las citaciones federales que la agencia recibió en la primavera de 2021. Y la agencia aún tiene que producir numerosos registros públicos relacionados con las comunicaciones posteriores a la partida de Randazzo entre los comisionados y el personal de la PUCO, sobre el por un lado, y representantes en la administración DeWine, por el otro.
Esos materiales podrían explicar por qué la agencia se ha mantenido mayormente en el rumbo con el enfoque que Randazzo elaboró para el La respuesta limitada y fragmentaria de la PUCO al escándalo HB 6. Los materiales también podrían explicar por qué la PUCO ha limitado los esfuerzos de investigación de los impugnadores en varios casos relacionados con la HB 6, así como los plazos para esos casos, que no terminarán antes de que DeWine y el vicegobernador Jon Husted se enfrenten a re -elección en el otoño.
Más allá de eso, los registros públicos podrían mostrar si alguien en la PUCO o en la administración de DeWine ha ordenado a la agencia que investigue a fondo la supuesta corrupción en la PUCO, lo que podría ayudar a lidiar con el “nube negra” La actual presidenta de PUCO, Jenifer French, dijo que estaba pendiente de la agencia el año pasado.
Registros públicos citados
La PUCO produjo un lote anterior de documentos en respuesta a las citaciones de 2021 en febrero. Entre otras cosas, esos materiales mostraron cómo Randazzo y otros se involucraron en el proceso legislativo cuando se estaba elaborando la HB 6. Los materiales también mostraron cómo dio forma a la respuesta tardía de la PUCO después de los arrestos de Householder y otros en julio de 2020. Los materiales producidos en ese lote de documentos también plantearon dudas sobre la imparcialidad del examinador de audiencias de la PUCO, Greg Price, quien posteriormente dio un paso atrás de un papel similar al de un juez en múltiples casos en los que había fallado a favor de FirstEnergy.
El segundo lote de documentos citados no se entregó a Energy News Network, Eye on Ohio y otros solicitantes de registros públicos hasta el 29 de julio, más de cinco meses después. Incluso entonces, la producción del documento se produjo seis semanas después de que un tribunal de reclamaciones queja Jake Zuckerman, del Ohio Capital Journal, solicitó sustancialmente los mismos materiales. Aún no se han producido algunos materiales receptivos.
Los documentos del segundo lote van más allá de la necesidad de subsidios de las centrales nucleares. A principios de 2020, Randazzo se reunió con líderes de puerto de energía, la empresa que se quedó con las centrales nucleares tras la quiebra de FirstEnergy Solutions. en ese momento un regla federal amenazó con hacer que la HB 6 sea aún más costosa para los contribuyentes de Ohio.
Otros registros reflejan la hostilidad de Randazzo hacia la energía eólica. Afirmó en 2020 que los gobiernos locales tenían algo que decir sobre emplazamientoaunque Ohio no aprobó una ley al respecto hasta 2021. Los materiales también incluyen sus comentarios sobre “desatando desafíos” cuando se introdujeron proyectos de ley para derogar HB 6 luego del arresto de Householder en 2020.
Sin embargo, otros materiales se refirieron a desconexiones de clientes por falta de pago, la pandemia de COVID-19 y los costos de los servicios públicos para programas de eficiencia energética en 2018 y 2019.
Incluyen los costos de los programas de eficiencia energética, incluidos pérdida de ingresos de distribución. Esos cargos pagan a los servicios públicos para compensar la electricidad que no vendieron cuando los programas de eficiencia energética ayudan a los clientes a desperdiciar menos electricidad. se inventaron alrededor del 46% de los costos del programa de eficiencia energética de FirstEnergy en 2018 y 2019.
La parte relativamente grande plantea dudas sobre la contabilidad de la empresa y la agencia en el marco de los programas anteriores de eficiencia energética de Ohio. En contraste, AEP Ohio y Dayton Power & Light (ahora AES Ohio) no tenían nada asignado para la pérdida de ingresos en esos años. La razón no está clara. AEP Ohio también tenía un total de aproximadamente $32 millones para otros dos tipos de cargos que FirstEnergy no tenía. Ese total sigue siendo menos de la mitad de los ingresos perdidos de FirstEnergy para 2018 o 2019.
La revisión de documentos de Energy News Network y Eye on Ohio está en curso. También lo es la revisión de la PUCO sobre qué solicitudes de registros públicos citadas entregará.
“La PUCO continúa su revisión de un conjunto relativamente pequeño de registros que contienen información confidencial o posible secreto comercial para determinar si estos registros deben retenerse”, dijo una carta del 29 de julio del subdirector legal de la PUCO, Donald Leming.
El portavoz de PUCO, Matt Schilling, dijo por correo electrónico que no tenía una estimación más precisa de cuántos documentos están involucrados o cuándo podrían producirse. Tampoco dijo por qué tomó tanto tiempo desde febrero producir los documentos adicionales. Asimismo, dijo que no tenía una estimación del tiempo del personal dedicado a responder a las solicitudes de registros públicos desde entonces.
Schilling tampoco dio una respuesta de sí o no sobre si la PUCO había completado su respuesta a las citaciones federales. En cambio, escribió: “La PUCO está cooperando plenamente con el Departamento de Justicia de EE. UU. y no puedo comentar más sobre su investigación”.
Después de que Randazzo se fuera…
En abril de 2022, Energy News Network y Eye on Ohio también presentaron una solicitud de registros publicos para el código de ética de la PUCO y copias digitales de registros públicos que reflejan varias comunicaciones entre personas de la PUCO y otras desde el momento posterior a la partida de Randazzo, que se relacionaban con temas específicos relevantes al escándalo HB 6.
Entre otras cosas, esos documentos deberían mostrar si la oficina del gobernador le dijo a la PUCO que investigara a fondo la supuesta corrupción. También deben mostrar si la propia agencia emprendió alguna acción para averiguar el alcance de la supuesta corrupción. Y podrían reflejar las directivas que recibió la PUCO sobre el momento de sus casos FirstEnergy a la luz de las próximas elecciones de noviembre.
Casi tres meses después de la solicitud de registros públicos, la PUCO rechazado proporcionar cualquiera de los registros públicos solicitados que no sean el código de ética y un memorando de DeWine que diga que el personal de la agencia debe cumplir con los requisitos de ética del estado. La agencia afirmó que la descripción de los registros públicos era vaga y demasiado amplia.
La denegación de la solicitud de registros públicos por parte de la PUCO por no ser lo suficientemente específica “es ridícula”, dijo Dave Anderson, gerente de políticas y comunicaciones del Energy and Policy Institute, quien también solicitó registros públicos a la PUCO. “Vivimos en el siglo XXI, donde se pueden buscar nombres y temas en los correos electrónicos, lo que permite a los funcionarios de registros públicos ubicar y producir fácilmente correos electrónicos y documentos de los archivos informáticos de un funcionario público”.
Anderson buscó por primera vez los registros públicos de los correos electrónicos de Randazzo relacionados con la HB 6 en enero de 2021. “Más de un año y medio después, PUCO aún tiene que completar la producción de estos registros públicos”, señaló. Agregó que la negativa de la agencia a decir siquiera si ha completado la producción de los registros solicitados hace más de un año es “aún más preocupante”.
“Esta es la misma evasiva que les dan a todos. Es una pena”, dijo el representante Jeff Crossman, demócrata por Parma, quien señaló que también ha enfrentado desafíos al buscar registros públicos tanto de la PUCO como de la oficina de DeWine. “Merecemos un gobierno que sea realmente transparente y responsable. Diría que [current PUCO Chair] Jenifer French ha sido una decepción, pero es exactamente lo que esperaba de una persona nombrada por DeWine: dispuesta a interferir si eso significa proteger sus perspectivas futuras por encima del mejor interés del público”.
“La otra pregunta interesante fue: ¿Con quién discutieron qué registros entregaron o no entregaron?” dijo Ashley Brown, ex comisionada de PUCO que había estado en el Grupo de Política de Electricidad de Harvard. Dado lo que solicitaron Energy News Network y Eye on Ohio, le resultó “difícil de creer… que la única discusión fuera dentro de los límites de la comisión”.
El 23 de julio, Energy News Network y Eye on Ohio presentaron una solicitud de registros públicos aclarados y reducidos. Schilling ha acusado recibo. Pero eso es todo. “Tampoco tengo una actualización sobre su reciente solicitud de registros públicos”, escribió por correo electrónico. “Te avisaré cuando sepa más”.
“Los largos retrasos de PUCO en la producción de estos registros solo pueden describirse como irrazonables”, dijo Anderson. “PUCO debe enfocarse en investigar a FirstEnergy y responsabilizar a la empresa en nombre de todos los contribuyentes perjudicados por el esquema de soborno y sus consecuencias, y eso significa cumplir con las solicitudes y citaciones destinadas a arrojar luz sobre ese esquema”.